¿Qué tiene que ver una disputa por un arriendo en Bogotá con una finca abandonada en el Chocó? Más de lo que parece. El conflicto rural y urbano en Colombia no son dos historias aisladas: la tierra, el desplazamiento forzado y la limitada presencia estatal conectan el campo con los barrios de nuestras ciudades. En este artículo reunimos las claves y los datos para entenderlo.
Esta es la versión divulgativa de una investigación de Camila Forero, investigadora de la Fundación Liborio Mejía. Si quieres profundizar en el análisis historiográfico completo, las fuentes y los testimonios, lee el artículo original: El manejo del conflicto en Colombia: conexiones históricas entre el campo y la ciudad.
¿Dónde termina el conflicto rural y dónde comienza el urbano?
Paula fue desplazada dos veces. En 2005 salió de Villavicencio hacia Istmina, en el Chocó; en 2008 la violencia la obligó a huir nuevamente. Llegó a Bogotá y se instaló con su esposo en el barrio Patio Bonito. Allí buscó seguridad, pero las condiciones económicas siguieron siendo difíciles: el arriendo consumía buena parte del ingreso familiar y, cuando se pagaba, no alcanzaba para la comida (IDMC, Historia de Paula). Es el tipo de dilema que enfrentan a diario muchos hogares, y que suele recaer sobre quien toma las decisiones económicas de la casa.
El testimonio de Paula condensa algunos de los procesos que han marcado la historia reciente de Colombia: el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la llegada a las ciudades en busca de seguridad y nuevas oportunidades. Su historia también plantea una pregunta fundamental: ¿dónde termina el conflicto rural y dónde comienza el urbano?
En Colombia suele asumirse que el campo y la ciudad representan realidades distintas e incluso desconectadas. Sin embargo, muchas de las dinámicas que hoy caracterizan los centros urbanos (el crecimiento acelerado de las periferias, las economías ilegales, la desigualdad o determinadas expresiones de violencia) tienen raíces en procesos históricos desarrollados en el ámbito rural. Comprender esta relación permite superar una visión fragmentada del conflicto colombiano.
Explorar esta relación permite entender que los conflictos no cambian únicamente de escenario cuando pasan del campo a la ciudad. También se transforman sus actores, sus formas de gestión y las estrategias con las que las comunidades enfrentan la violencia.
Estas son tres claves principales para entender este conflicto:
1. La disputa por la tierra: el origen histórico del conflicto rural
Desde la colonia, la apropiación violenta de la tierra fue una constante en el territorio colombiano. Como señala Kay (2000), “las grandes propiedades rurales fueron establecidas mediante la fuerza y la violencia durante las conquistas española y portuguesa, en las cuales las comunidades campesinas perdieron sus tierras y muchas quedaron sometidas a relaciones serviles” (traducción propia, p. 5). Tras la independencia, el país continuó siendo mayoritariamente rural, por lo que los principales conflictos siguieron girando en torno al acceso, la tenencia y la producción de la tierra.
A ello se sumó la violencia bipartidista, que provocó desplazamientos por razones políticas y por el interés de controlar territorios. Posteriormente, la expansión de la frontera agrícola, la explotación de hidrocarburos y minerales, así como el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, intensificaron los conflictos al convertir muchas regiones rurales en escenarios de disputa entre comunidades, guerrillas, paramilitares y otros actores armados.
Estas condiciones facilitaron la apropiación irregular de tierras. La ausencia de sistemas modernos de medición, la débil institucionalidad y las dificultades para acreditar jurídicamente la propiedad favorecieron la existencia de títulos contradictorios, registros incompletos y superposición de derechos, lo que incrementó los litigios y el despojo. Este proceso contribuyó a consolidar una de las distribuciones de la tierra más desiguales de la región. Por ello, no resulta exagerado afirmar que “el territorio colombiano cuenta con 114 millones de hectáreas aproximadamente, 54% en manos de propietarios privados. En el índice Gini Colombia muestra un 89,7 de desigualdad, siendo cien (100) la plena desigualdad” (Gaviria-Mesa, 2018, p. 212), una concentración que ayuda a explicar por qué la disputa por el territorio ha sido uno de los ejes históricos del conflicto colombiano.
La magnitud de este proceso puede apreciarse en la Figura 1, que sintetiza la evolución del desplazamiento forzado en Colombia entre 1985 y 2022. Más allá de evidenciar el recrudecimiento del conflicto en determinados periodos, la figura permite observar cómo un fenómeno originado principalmente en escenarios rurales terminó transformando la realidad de numerosas ciudades, que recibieron a millones de personas desplazadas y enfrentaron nuevos desafíos sociales, económicos e institucionales. En este sentido, Steiner (2008) señala que “alrededor de 3,9 millones de personas han sido desplazadas en Colombia desde 1985 hasta 2006. El principal destino de los nuevos migrantes forzados es el mismo que en el pasado: la ciudad”.
Fuente: elaboración propia con base en la Unidad para las Víctimas, Reporte víctimas desplazamiento anualizado por ocurrencia y llegada (corte mayo de 2026), y en la literatura sobre el conflicto armado colombiano.
2. Del conflicto rural a las tensiones urbanas
Un ejemplo de ello ocurrió en Medellín en 1965, cuando el incremento de los asentamientos precarios, asociado tanto al desplazamiento desde las zonas rurales como a la búsqueda de oportunidades laborales, motivó una intervención estatal orientada a eliminar los llamados tugurios. Más que resolver las causas de la exclusión, estas iniciativas respondían a una concepción de ciudad que buscaba ordenar el espacio urbano y controlar a quienes eran considerados ajenos al modelo de desarrollo predominante.
Aunque el conflicto rural ha sido un factor determinante en la configuración de muchas dinámicas urbanas, no constituye el único origen de los conflictos en las ciudades. Desde finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, las principales urbes colombianas desarrollaron políticas orientadas a controlar la mendicidad, la indigencia y todas aquellas expresiones consideradas incompatibles con el ideal de orden, productividad y progreso.
En consecuencia, buena parte de las personas desplazadas se asentó en las periferias urbanas, donde la presión por acceder a vivienda, servicios públicos y empleo generó nuevas tensiones sociales. Sin embargo, la forma en que estos sectores fueron ocupados revela que el traslado del campo a la ciudad no implicó una ruptura total con las formas de habitar el territorio. Esta continuidad evidencia que muchas de las prácticas desarrolladas en los procesos de colonización rural fueron reproducidas posteriormente en los márgenes de las ciudades.
La relación entre ambos escenarios también se manifiesta en la forma en que la violencia logra consolidarse allí donde la presencia estatal es limitada o carece de legitimidad. Tanto en zonas rurales como en barrios periféricos surgieron actores armados que asumieron funciones de control, regulación social e incluso resolución de conflictos. Si bien los conflictos urbanos suelen expresarse mediante disputas por vivienda, arriendos, empleo, contratos o conflictos familiares, estas dinámicas no pueden analizarse de manera aislada del contexto rural.
Conflicto, violencia, guerra y terrorismo: términos relacionados, pero no equivalentes
- Violencia: toda acción física o psicológica dirigida a coaccionar, someter o causar daño a una persona o grupo (Consejo de Europa, Compass).
- Conflicto: la confrontación de intereses, necesidades o valores entre dos o más partes, que puede gestionarse de manera pacífica o escalar hacia la violencia (Lederach, 2000).
- Guerra: una forma organizada y a gran escala de conflicto armado entre Estados o grupos beligerantes, regulada, entre otros instrumentos, por el Derecho Internacional Humanitario (Comité Internacional de la Cruz Roja).
- Terrorismo: una modalidad de violencia orientada a generar miedo en la población civil mediante ataques deliberados con fines políticos, ideológicos o religiosos (Fiscalía General de la Nación).
3. Dos formas de manejar el conflicto: la institucionalidad y la organización comunitaria
En la ciudad: conciliación , jueces de paz y liderazgo barrial
Como señala Pablo Angarita, mientras los conflictos rurales suelen desarrollarse en escenarios marcados por el enfrentamiento armado y, en algunos casos, por prácticas terroristas, la conflictividad urbana está estrechamente relacionada con “los contrastes socioeconómicos y culturales generados por la excesiva concentración de riqueza y la expansión de la pobreza” (Angarita, 2003, p. 100). A ello se suma una presencia estatal desigual, ya que la capacidad de respuesta de las instituciones y la actuación de la fuerza pública varían considerablemente entre unos barrios y otros.
En términos generales, las ciudades cuentan con mecanismos institucionales para tramitar los conflictos cotidianos, como la conciliación, los juzgados, los códigos de Policía y otras instancias administrativas. Sin embargo, en los barrios periféricos estos mecanismos suelen coexistir con formas de organización comunitaria, donde líderes sociales, organizaciones barriales y redes vecinales desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos.
La historia de Paula ilustra esta articulación entre liderazgo comunitario e institucionalidad. Hoy es una de las representantes de su barrio, en Altos de la Florida (Soacha). Junto con universidades y ONG, su comunidad elaboró planos de calles y casas y los presentó a las autoridades locales para avanzar en la legalización del sector.
Experiencias como esta evidencian que la resolución de los conflictos urbanos no depende exclusivamente de las instituciones estatales, sino también de la capacidad organizativa de las comunidades. En respuesta a esta realidad, durante las últimas décadas se fortalecieron mecanismos de justicia comunitaria y alternativa mediante figuras como los conciliadores en equidad, los mediadores comunitarios, los jueces de paz y otros actores voluntarios de convivencia.
Este modelo encontró respaldo jurídico en la Ley 497 de 1999, mediante la cual se crearon los jueces de paz como un mecanismo de resolución pacífica de conflictos comunitarios. La ley establece que la jurisdicción de paz tiene como finalidad “lograr la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares” (art. 1). Más que reemplazar la justicia ordinaria, esta figura reconoce que muchos conflictos cotidianos pueden resolverse mediante el diálogo, la participación comunitaria y la construcción de acuerdos.
No obstante, la consolidación de estos mecanismos continúa enfrentando importantes desafíos. Aunque la presencia institucional en las ciudades suele ser mayor que en muchas zonas rurales, las desigualdades entre barrios, el crecimiento de los asentamientos periféricos, la informalidad y las dificultades para garantizar el acceso efectivo a la justicia siguen limitando su alcance (Corporación Excelencia en la Justicia, 2006).
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En el campo: Juntas de Acción Comunal, ANUC y liderazgos sociales
En las zonas rurales, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes desarrollaron diversas formas de organización colectiva para afrontar los conflictos relacionados con la tierra, la producción y la defensa de sus derechos. Sin embargo, las organizaciones que alcanzaron mayor impacto nacional fueron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y las Juntas de Acción Comunal (JAC), debido a su papel en la representación de las comunidades, la gestión de conflictos locales y la interlocución con el Estado.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) señala que las Juntas de Acción Comunal, creadas mediante la Ley 19 de 1958, trascendieron su función administrativa y se consolidaron como espacios de participación comunitaria. En palabras del CNMH, “Las juntas de acción comunal fueron concebidas como organizaciones cívicas encargadas de promover el desarrollo local mediante la participación directa de las comunidades” (CNMH, 2016, p. 490). A través del trabajo colectivo impulsaron la construcción y el mantenimiento de caminos veredales, escuelas, puestos de salud, acueductos y salones comunales.
Por su parte, el CNMH (2016) explica que la ANUC rápidamente superó el papel que inicialmente le había asignado el Gobierno. Los campesinos transformaron esta organización en un movimiento social desde el cual exigieron una reforma agraria más amplia, el acceso efectivo a la tierra y el reconocimiento de sus derechos.
Junto con estas organizaciones, los líderes sociales adquirieron un papel fundamental como mediadores y representantes de sus comunidades. Su legitimidad no provenía únicamente de un reconocimiento institucional, sino de compartir las mismas condiciones de vida y enfrentar los mismos problemas que la población a la que representaban.
No obstante, quienes han promovido estas transformaciones también se han convertido en uno de los principales blancos de la violencia. Líderes sociales, ambientales y organizaciones comunitarias han sido víctimas de amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos con el propósito de silenciar sus reivindicaciones y debilitar los procesos organizativos construidos durante décadas. Esta realidad evidencia que el manejo de los conflictos no depende únicamente de la existencia de mecanismos comunitarios o institucionales, sino también de las garantías de seguridad y participación necesarias para que estos puedan sostenerse en el tiempo.
Conflicto rural y urbano en Colombia, una misma historia
El análisis realizado permite concluir que los conflictos rurales y urbanos en Colombia no pueden entenderse como fenómenos independientes. Aunque cada uno responde a dinámicas territoriales, sociales e institucionales particulares, ambos se encuentran históricamente conectados por procesos como la concentración de la tierra, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las desigualdades en la presencia estatal.
La investigación también muestra que la construcción de paz trasciende la acción del Estado y los acuerdos entre actores armados. En esta misma dirección, Socha et al. (2016) encontraron que la paz es entendida como una práctica cotidiana, expresada en acciones tan simples como “saludar”, “ayudar” y fortalecer los vínculos comunitarios (p. 78). Estas experiencias confirman que las políticas públicas solo alcanzan resultados duraderos cuando dialogan con las capacidades organizativas de las comunidades.
No obstante, la consolidación de una paz territorial requiere enfrentar las causas estructurales que históricamente han alimentado el conflicto. Entre ellas, la persistente concentración de la tierra continúa siendo uno de los principales desafíos. En esta misma línea, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2022) sostiene que una paz estable y duradera exige reducir las brechas entre las zonas rurales y urbanas y promover un ordenamiento territorial participativo, sostenible y multicultural (p. 707). En consecuencia, comprender la relación histórica entre ambos escenarios no constituye únicamente un ejercicio académico, sino una condición indispensable para diseñar políticas que permitan gestionar los conflictos desde la equidad, fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia una paz que responda a las realidades de todo el territorio colombiano.
¿Quieres el análisis completo? Lee la investigación original: El manejo del conflicto en Colombia: conexiones históricas entre el campo y la ciudad.