En una histórica jornada, 254 funcionarios públicos de Caldas, Risaralda, Quindío, San Andrés, Sucre, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, las Casas de Justicia y entidades como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, realizaron jornadas masivas de conciliación en las que atendieron 377 solicitudes de conciliación, represadas por la congestión judicial que enfrentan las instituciones de nuestro país.

Las 6 jornadas tuvieron como objetivo la promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos en el campo de la conciliación, y el apoyo la descongestión judicial en los departamentos, a través de este mecanismo, que a pesar de estar subutilizado por los colombianos, arroja altos niveles de satisfacción y efectividad entre sus usuarios.

Esta iniciativa se desarrolló en el marco del diplomado de Conciliación en Derecho para funcionarios públicos habilitados para conciliar, financiado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y operado por la Fundación Liborio Mejía en las ciudades de Cúcuta, Manizales, Montería, Sincelejo, San Andrés y Pasto.

La ley colombiana contempla que son funcionarios públicos habilitados para conciliar los procuradores delegados en materias civil, laboral, administrativa y de familia, los defensores regionales y seccionales del pueblo, los inspectores de trabajo, los inspectores de policía, los jueces civiles y promiscuos municipales, los notarios, los defensores de familia, los comisarios de familia y los personeros.

El diplomado buscó fortalecer las capacidades, competencias, habilidades y técnicas de negociación en resolución de conflictos de estos funcionarios, con el fin de apoyar la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional, y de esta manera promover el diálogo, el acceso a la justicia y la convivencia pacífica.

Esta iniciativa se implementó bajo la metodología de la Fundación Liborio Mejía denominada MASC para la Paz, que busca empoderar a los funcionarios y ciudadanos, y fomentar la participación y la articulación interinstitucional con el fin de fortalecer la resolución de conflictos, la descongestión judicial, reducir la litigiosidad y prevenir el uso de la violencia.

De los 254 funcionarios públicos, que pertenecen a 114 municipios del país, hay 58 inspectores de policía, 67 comisarios de familia, 40 personeros, 26 defensores de familia y 24 defensores del pueblo. Quienes culminaron exitosamente sus estudios, se graduaron como conciliadores en derecho.

Luz Mary Raigoza Pulido, Directora del Centro de Conciliación de la Policía Nacional con sede en Pereira, expresa que esta iniciativa ha sido de vital importancia porque les ha permitido mejorar el servicio, sobre todo el que se presta a las comunidades vulnerables que tiene más dificultades de acceder a la justicia. “De esta manera le daremos a la comunidad un servicio más oportuno, ágil y en condiciones de igualdad”, expresa la funcionaria.

Aunque el 43% de los funcionarios encuentados al inicio del diplomado dijo que empleaba la conciliación para cumplir un requisito de procedibilidad, hoy en día, el 100% de los funcionarios expresa su compromiso para emplear la conciliacón como una herramienta efectiva para la administración de justicia y la resolución pacífica de conflictos, a pesar de que algunos reconocen que hay barreras estructurales en la prestación de los servicios alternativos, como la limitación de tiempo y de espacios adecuados.

Lida Patricia Gutiérrez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Caldas considera “que el diplomado ha sido fundamental porque nos ha apoyado a sensibilizarnos para esmerarnos a entender a las poblaciones vulnerables que enfrentan situaciones muy complejas, a darles un trato humano y a direccionar las verdaderas problemáticas de las personas”.