Resumen
El artículo analiza cómo las características históricas, territoriales e institucionales de los contextos rurales y urbanos han influido en las formas de manejo de los conflictos en Colombia y demuestra que ambos escenarios se encuentran estrechamente interrelacionados. A partir del análisis historiográfico y de testimonios de víctimas del desplazamiento forzado, se evidencia que la concentración de la tierra, el conflicto armado y la limitada presencia estatal impulsaron procesos de desplazamiento que transformaron la configuración de numerosas ciudades. Asimismo, se comparan las estrategias de gestión de los conflictos en ambos contextos, mostrando que, mientras en las ciudades predominan mecanismos institucionales como la conciliación y la justicia de paz, en las zonas rurales la organización comunitaria ha desempeñado un papel central mediante figuras como las Juntas de Acción Comunal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y los liderazgos sociales. Finalmente, se concluye que la construcción de paz requiere comprender la conexión histórica entre el campo y la ciudad, fortalecer la participación comunitaria y avanzar hacia transformaciones estructurales, entre ellas una reforma agraria que contribuya a reducir las desigualdades territoriales.
Palabras clave: conflicto rural; conflicto urbano; desplazamiento forzado; organización comunitaria; construcción de paz; historia de Colombia.
Abstract
This article examines how the historical, territorial and institutional characteristics of rural and urban contexts have shaped conflict management in Colombia, arguing that both settings are historically interconnected. Drawing on historiographical analysis and testimonies from victims of forced displacement, the study shows that land concentration, armed conflict and limited state presence triggered displacement processes that transformed numerous Colombian cities. It also compares conflict management strategies in both contexts, highlighting that while urban areas rely primarily on institutional mechanisms such as mediation and community justice, rural areas have historically depended on community-based organizations, including Community Action Boards, the National Association of Peasant Users and local social leaders. The article concludes that sustainable peace requires recognizing the historical links between rural and urban conflicts, strengthening community participation and advancing structural reforms, particularly agrarian reform, to reduce territorial inequalities.
Keywords: rural conflict; urban conflict; forced displacement; community organization; peacebuilding; Colombian history.
Introducción
Fui desplazada en 2005 de Villavicencio a Istmina en Chocó, en la costa Pacífica de Colombia. En Istmina nos metimos en dificultades porque era una zona roja y volvimos a ser desplazados en 2008. Decidí ir a Bogotá y mi esposo a Buenaventura, pero él volvió a desplazarse y vino a Bogotá. Vivíamos en el barrio Patio Bonito, pero pagábamos 530.000 pesos de alquiler y mi esposo ganaba 700.000. Si se pagaba el alquiler, no se pagaba la comida (Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], s. f., sección «Historia de Paula»).
El testimonio de Paula condensa algunos de los procesos que han marcado la historia reciente de Colombia: el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la llegada a la ciudad como una búsqueda de seguridad que no siempre garantiza mejores condiciones de vida. Su historia también plantea una pregunta fundamental: ¿dónde termina el conflicto rural y dónde comienza el urbano?
En Colombia suele asumirse que el campo y la ciudad representan realidades distintas e incluso desconectadas. Sin embargo, muchas de las dinámicas que hoy caracterizan los centros urbanos —el crecimiento acelerado de las periferias, las economías ilegales, la desigualdad o determinadas expresiones de violencia— tienen raíces en procesos históricos desarrollados en el ámbito rural. Comprender esta relación permite superar una visión fragmentada del conflicto colombiano.
A partir de testimonios y del diálogo con la historiografía sobre el conflicto armado, este artículo busca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las características históricas, territoriales e institucionales de los contextos rurales y urbanos en las formas de manejo de los conflictos en Colombia, y de qué manera ambos escenarios se encuentran interrelacionados? Se sostiene que las formas de manejo del conflicto no pueden comprenderse únicamente desde la distinción entre lo rural y lo urbano, sino a partir de las condiciones históricas, territoriales, institucionales y culturales que han configurado cada espacio. Aunque presentan dinámicas propias, ambos contextos están conectados por procesos como el conflicto armado, el desplazamiento, la urbanización de la violencia y las respuestas comunitarias frente a la limitada presencia estatal.
Explorar esta relación permite entender que los conflictos no cambian únicamente de escenario cuando pasan del campo a la ciudad: también se transforman sus actores, sus formas de gestión y las estrategias con las que las comunidades enfrentan la violencia. En esa conexión, más que en la oposición entre ambos espacios, se encuentra una de las claves para comprender la historia reciente de Colombia.
La disputa por la tierra: el origen histórico del conflicto rural
Desde la colonia, la apropiación violenta de la tierra fue una constante en el territorio colombiano. Como señala Kay (2000), «las grandes propiedades rurales fueron establecidas mediante la fuerza y la violencia durante las conquistas española y portuguesa, en las cuales las comunidades campesinas perdieron sus tierras y muchas quedaron sometidas a relaciones serviles» (traducción propia, p. 5). Tras la independencia, el país continuó siendo mayoritariamente rural, por lo que los principales conflictos siguieron girando en torno al acceso, la tenencia y la producción de la tierra. Mientras los grandes propietarios concentraban extensas haciendas, buena parte de la población campesina dependía de relaciones de patronazgo y del arriendo de pequeñas parcelas, con escasas posibilidades de acceder a una propiedad propia.
En respuesta a estas condiciones, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes se asentaron en zonas apartadas, donde fundaron caseríos, desarrollaron cultivos y dieron origen a numerosos municipios. Aunque estos territorios ofrecían mayores posibilidades de acceder a la tierra, también se caracterizaban por la limitada presencia estatal y la falta de claridad en la regulación de la propiedad, factores que favorecieron nuevas disputas. A ello se sumó la violencia bipartidista, que provocó desplazamientos por razones políticas y por el interés de controlar territorios. Posteriormente, la expansión de la frontera agrícola, la explotación de hidrocarburos y minerales, así como el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, intensificaron los conflictos al convertir muchas regiones rurales en escenarios de disputa entre comunidades, guerrillas, paramilitares y otros actores armados.
Estas condiciones facilitaron la apropiación irregular de tierras. La ausencia de sistemas modernos de medición, la débil institucionalidad y las dificultades para acreditar jurídicamente la propiedad favorecieron la existencia de títulos contradictorios, registros incompletos y superposición de derechos, lo que incrementó los litigios y el despojo. Este proceso contribuyó a consolidar una de las distribuciones de la tierra más desiguales de la región. Por ello, no resulta exagerado afirmar que «el territorio colombiano cuenta con 114 millones de hectáreas aproximadamente, 54% en manos de propietarios privados. En el índice Gini Colombia muestra un 89,7 de desigualdad, siendo cien (100) la plena desigualdad» (Gaviria-Mesa, 2018, p. 212), una concentración que ayuda a explicar por qué la disputa por el territorio ha sido uno de los ejes históricos del conflicto colombiano.
La magnitud de este proceso puede apreciarse en la Figura 1, que sintetiza la evolución del desplazamiento forzado en Colombia entre 1985 y 2022. Más allá de evidenciar el recrudecimiento del conflicto en determinados periodos, la figura permite observar cómo un fenómeno originado principalmente en escenarios rurales terminó transformando la realidad de numerosas ciudades, que recibieron a millones de personas desplazadas y enfrentaron nuevos desafíos sociales, económicos e institucionales. En este sentido, Steiner (2008) señala que «alrededor de 3,9 millones de personas han sido desplazadas en Colombia desde 1985 hasta 2006. El principal destino de los nuevos migrantes forzados es el mismo que en el pasado: la ciudad», una dinámica que anticipa la estrecha relación entre los conflictos rurales y urbanos que se desarrollará en el siguiente apartado.
Del conflicto rural a las tensiones urbanas
Aunque el conflicto rural ha sido un factor determinante en la configuración de muchas dinámicas urbanas, no constituye el único origen de los conflictos en las ciudades. Desde finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, las principales urbes colombianas desarrollaron políticas orientadas a controlar la mendicidad, la indigencia y todas aquellas expresiones consideradas incompatibles con el ideal de orden, productividad y progreso. En este contexto, las poblaciones marginadas fueron concebidas no solo como un problema social, sino también como un obstáculo para el proyecto de modernización urbana.
Un ejemplo de ello ocurrió en Medellín en 1965, cuando el incremento de los asentamientos precarios, asociado tanto al desplazamiento desde las zonas rurales como a la búsqueda de oportunidades laborales, motivó una intervención estatal orientada a eliminar los llamados tugurios. Como registró Giraldo García (1965):
Las autoridades de la ciudad de Medellín decidieron emprender una campaña ambiciosa con la finalidad de erradicar este problema, mediante la construcción de pequeñas casitas, muy confortables en comparación con los tugurios de cartón y lata que miles de personas habitan en la capital industrial de Colombia.
[…]Pero no se trata solamente de hacer un examen de los factores determinantes del fenómeno económico-social que ahora contemplan todas las ciudades colombianas, unas con mayor gravedad, sino de registrar los esfuerzos que se van a desarrollar para erradicar este problema de los tugurios, simultáneamente con el de la mendicidad. (Giraldo García, 1965, p. 15).
Más que resolver las causas de la exclusión, estas iniciativas respondían a una concepción de ciudad que buscaba ordenar el espacio urbano y controlar a quienes eran considerados ajenos al modelo de desarrollo predominante. Mientras aumentaban las estrategias de vigilancia y regulación, persistían problemas estructurales como la desigualdad, la falta de vivienda y la escasa capacidad institucional para integrar a la población que llegaba desde otras regiones del país.
En consecuencia, buena parte de las personas desplazadas se asentó en las periferias urbanas, donde la presión por acceder a vivienda, servicios públicos y empleo generó nuevas tensiones sociales. Sin embargo, la forma en que estos sectores fueron ocupados revela que el traslado del campo a la ciudad no implicó una ruptura total con las formas de habitar el territorio. Como señala Steiner (2008), «Las tierras que circundaban al poblado, consideradas como ‘inconstructibles’, subutilizadas y despreciadas se integran a la urbe moderna por medio de un verdadero proceso de colonización urbana popular, en el cual se observan muchos rasgos típicos de la colonización agraria del período anterior» (p. 66). Esta continuidad evidencia que muchas de las prácticas desarrolladas en los procesos de colonización rural fueron reproducidas posteriormente en los márgenes de las ciudades.
La relación entre ambos escenarios también se manifiesta en la forma en que la violencia logra consolidarse allí donde la presencia estatal es limitada o carece de legitimidad. Tanto en zonas rurales como en barrios periféricos surgieron actores armados que asumieron funciones de control, regulación social e incluso resolución de conflictos. Si bien los conflictos urbanos suelen expresarse mediante disputas por vivienda, arriendos, empleo, contratos o conflictos familiares, estas dinámicas no pueden analizarse de manera aislada del contexto rural. El desplazamiento forzado, la migración interna y el crecimiento acelerado de las ciudades trasladaron al espacio urbano problemáticas originadas en el campo, mientras las instituciones enfrentaban dificultades para responder a una población cada vez más diversa y numerosa.
En este sentido, comprender el conflicto urbano exige reconocer su estrecha relación con los procesos históricos desarrollados en las zonas rurales. Ambos escenarios se encuentran conectados por el desplazamiento, las desigualdades territoriales y la limitada capacidad estatal para garantizar condiciones de vida dignas. No obstante, aunque comparten un mismo trasfondo histórico, las formas en que estos conflictos se manifiestan y se gestionan difieren según las características sociales, territoriales e institucionales de cada contexto, aspecto que se abordará en el siguiente apartado.
Las formas de manejo del conflicto: entre la institucionalidad y la organización comunitaria
Comprender la forma en que se gestionan los conflictos en las zonas urbanas requiere distinguir conceptos como conflicto, violencia, guerra y terrorismo, pues cada uno responde a dinámicas distintas.
En este artículo se entiende por violencia toda acción física o psicológica dirigida a coaccionar, someter o causar daño a una persona o grupo (Consejo de Europa); por conflicto, la confrontación de intereses, necesidades o valores entre dos o más partes, que puede gestionarse de manera pacífica o escalar hacia la violencia (Lederach, 2000); por guerra, una forma organizada y a gran escala de conflicto armado entre Estados o grupos beligerantes, regulada, entre otros instrumentos, por el Derecho Internacional Humanitario (Comité Internacional de la Cruz Roja); y por terrorismo, una modalidad de violencia orientada a generar miedo en la población civil mediante ataques deliberados con fines políticos, ideológicos o religiosos (Fiscalía General de la Nación).
Como señala Pablo Angarita, mientras los conflictos rurales suelen desarrollarse en escenarios marcados por el enfrentamiento armado y, en algunos casos, por prácticas terroristas, la conflictividad urbana está estrechamente relacionada con «los contrastes socioeconómicos y culturales generados por la excesiva concentración de riqueza y la expansión de la pobreza» (Angarita, 2003, p. 100). A ello se suma una presencia estatal desigual, ya que la capacidad de respuesta de las instituciones y la actuación de la fuerza pública varían considerablemente entre unos barrios y otros.
En términos generales, las ciudades cuentan con mecanismos institucionales para tramitar los conflictos cotidianos, como la conciliación, los juzgados, los códigos de Policía y otras instancias administrativas. Sin embargo, en los barrios periféricos estos mecanismos suelen coexistir con formas de organización comunitaria, donde líderes sociales, organizaciones barriales y redes vecinales desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos.
La historia de Paula, presentada en la introducción, ilustra esta articulación entre liderazgo comunitario e institucionalidad. Después de ser desplazada por el conflicto armado y establecerse en la periferia de Bogotá, asumió un papel activo en la organización de su comunidad para enfrentar los problemas derivados del crecimiento informal del barrio y avanzar en su proceso de legalización:
Paula es consciente de que gran parte del vecindario se compone de viviendas no oficiales, pero, sin embargo, está haciendo todo lo posible para gestionar la continua llegada de personas. Junto con las universidades, ha desarrollado planos arquitectónicos para trabajar en colaboración con las autoridades locales. Estos planos representan las calles y casas del barrio. La comunidad, con el apoyo de universidades y ONG, presentó estos planes a las autoridades locales para incrementar las opciones en las negociaciones para la legalización. En este sentido, como una de las representantes del barrio, lucha a diario para mejorar las condiciones de vida de su familia y sus vecinos (Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], s. f., sección «Historia de Paula»).
Experiencias como esta evidencian que la resolución de los conflictos urbanos no depende exclusivamente de las instituciones estatales, sino también de la capacidad organizativa de las comunidades. En respuesta a esta realidad, durante las últimas décadas se fortalecieron mecanismos de justicia comunitaria y alternativa mediante la creación de figuras como los conciliadores en equidad, los mediadores comunitarios, los jueces de paz y otros actores voluntarios de convivencia. Estas iniciativas buscaron complementar la justicia formal con mecanismos más cercanos a las necesidades de los territorios.
Con el propósito de fortalecer estos procesos, Bogotá creó el Observatorio Distrital de la Justicia de Paz, encargado de evaluar el funcionamiento de esta jurisdicción y su contribución a la convivencia ciudadana. Más allá de producir información estadística, el observatorio buscó generar conocimiento para fortalecer las políticas públicas de acceso a la justicia y consolidar mecanismos participativos que permitieran atender los conflictos cotidianos desde las comunidades (Corporación Excelencia en la Justicia, 2006).
Este modelo encontró respaldo jurídico en la Ley 497 de 1999, mediante la cual se crearon los jueces de paz como un mecanismo de resolución pacífica de conflictos comunitarios. La ley establece que la jurisdicción de paz tiene como finalidad «lograr la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares» (Ley 497 de 1999, art. 1); dispone que sus decisiones deberán adoptarse «en equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad» (art. 2); y señala que la administración de esta jurisdicción debe promover «la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional» (art. 3). Más que reemplazar la justicia ordinaria, esta figura reconoce que muchos conflictos cotidianos pueden resolverse mediante el diálogo, la participación comunitaria y la construcción de acuerdos.
No obstante, la consolidación de estos mecanismos continúa enfrentando importantes desafíos. Aunque la presencia institucional en las ciudades suele ser mayor que en muchas zonas rurales, las desigualdades entre barrios, el crecimiento de los asentamientos periféricos, la informalidad y las dificultades para garantizar el acceso efectivo a la justicia siguen limitando su alcance. En este sentido, la Corporación Excelencia en la Justicia (2006) advertía que «Los esfuerzos de una primera etapa por informar a las comunidades sobre la existencia de estas figuras y su marco legal (…) resultan aún insuficientes frente a la necesidad de alcanzar una tutela efectiva de los derechos en conflicto en los ámbitos familiar, vecinal, comunitario, laboral y social en general» (p. 3). Esta reflexión pone de manifiesto que la construcción de convivencia no depende únicamente de la creación de nuevas instituciones, sino también de su capacidad para responder de manera efectiva a las necesidades de las comunidades.
En las zonas rurales, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes desarrollaron diversas formas de organización colectiva para afrontar los conflictos relacionados con la tierra, la producción y la defensa de sus derechos. Surgieron sindicatos agrarios, ligas campesinas y otras asociaciones impulsadas tanto por iniciativas comunitarias como por corrientes políticas, entre ellas el liberalismo, el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Partido Comunista Colombiano (PCC), la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) y, posteriormente, la Acción Católica. Sin embargo, las organizaciones que alcanzaron mayor impacto nacional fueron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y las Juntas de Acción Comunal (JAC), debido a su papel en la representación de las comunidades, la gestión de conflictos locales y la interlocución con el Estado.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) señala que las Juntas de Acción Comunal, creadas mediante la Ley 19 de 1958, trascendieron su función administrativa y se consolidaron como espacios de participación comunitaria. En palabras del CNMH, «Las juntas de acción comunal fueron concebidas como organizaciones cívicas encargadas de promover el desarrollo local mediante la participación directa de las comunidades» (CNMH, 2016, p. 490). A través del trabajo colectivo impulsaron la construcción y el mantenimiento de caminos veredales, escuelas, puestos de salud, acueductos y salones comunales, además de convertirse en el principal canal de representación entre las comunidades rurales y las autoridades locales.
Por su parte, el CNMH (2016) explica que la ANUC rápidamente superó el papel que inicialmente le había asignado el Gobierno. Los campesinos transformaron esta organización en un movimiento social desde el cual exigieron una reforma agraria más amplia, el acceso efectivo a la tierra y el reconocimiento de sus derechos. De esta manera, la ANUC dejó de ser únicamente un instrumento institucional para convertirse en un actor con autonomía política y capacidad de movilización.
Estas experiencias evidencian que, antes de recurrir a mecanismos judiciales, muchas comunidades rurales resolvían gran parte de sus necesidades mediante formas de organización colectiva. Mientras las Juntas de Acción Comunal fortalecían la cooperación comunitaria y promovían obras para mejorar las condiciones de vida, la ANUC canalizaba las demandas agrarias hacia escenarios de negociación, movilización y defensa de derechos. En conjunto, ambas organizaciones muestran que la acción comunitaria ha sido uno de los principales mecanismos de gestión de los conflictos en la ruralidad colombiana.
Junto con estas organizaciones, los líderes sociales adquirieron un papel fundamental como mediadores y representantes de sus comunidades. Su legitimidad no provenía únicamente de un reconocimiento institucional, sino de compartir las mismas condiciones de vida y enfrentar los mismos problemas que la población a la que representaban. Con el paso del tiempo también surgieron organizaciones de mujeres, comunidades negras, pueblos indígenas y colectivos ambientales, cuyas agendas ampliaron las reivindicaciones tradicionales por el acceso a la tierra para incorporar la soberanía alimentaria, la protección del agua, la participación política, la memoria histórica, la reparación de las víctimas, la defensa del medio ambiente y la protección de los propios líderes sociales.
No obstante, quienes han promovido estas transformaciones también se han convertido en uno de los principales blancos de la violencia. Líderes sociales, ambientales y organizaciones comunitarias han sido víctimas de amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos con el propósito de silenciar sus reivindicaciones y debilitar los procesos organizativos construidos durante décadas. Como consecuencia, muchas comunidades han visto reducida su capacidad para gestionar colectivamente sus conflictos, defender sus derechos y mantener espacios de interlocución con el Estado. Esta realidad evidencia que el manejo de los conflictos no depende únicamente de la existencia de mecanismos comunitarios o institucionales, sino también de las garantías de seguridad y participación necesarias para que estos puedan sostenerse en el tiempo.
Conclusiones
El análisis realizado permite concluir que los conflictos rurales y urbanos en Colombia no pueden entenderse como fenómenos independientes. Aunque cada uno responde a dinámicas territoriales, sociales e institucionales particulares, ambos se encuentran históricamente conectados por procesos como la concentración de la tierra, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las desigualdades en la presencia estatal. En este sentido, la investigación confirma la hipótesis planteada al inicio del artículo: las formas de manejo de los conflictos no dependen únicamente de la distinción entre campo y ciudad, sino de las condiciones históricas e institucionales que configuran cada territorio. Mientras en las ciudades predominan mecanismos institucionales como la conciliación, la justicia de paz y otras formas de resolución administrativa, en las zonas rurales la organización comunitaria ha desempeñado un papel fundamental para representar a las comunidades, gestionar conflictos y defender derechos frente a un Estado cuya presencia ha sido históricamente desigual.
Este recorrido histórico también evidencia que muchas de las problemáticas urbanas tienen su origen en procesos desarrollados durante décadas en el ámbito rural. El desplazamiento forzado trasladó a las ciudades no solo millones de personas, sino también desigualdades, disputas territoriales y nuevas necesidades de acceso a vivienda, empleo y servicios públicos. Comprender esta relación permite superar la idea de que los conflictos urbanos pueden explicarse únicamente desde la criminalidad o la pobreza, al reconocer que forman parte de un mismo proceso histórico de transformación del territorio colombiano.
La investigación también muestra que la construcción de paz trasciende la acción del Estado y los acuerdos entre actores armados. Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, las comunidades han creado mecanismos propios para resolver sus diferencias y fortalecer la convivencia. En esta misma dirección, Socha et al. (2016) encontraron que la paz es entendida como una práctica cotidiana, expresada en acciones tan simples como «saludar», «ayudar» y fortalecer los vínculos comunitarios (p. 78). Asimismo, los participantes de su estudio coinciden en que la construcción de paz es una responsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía en general (Socha et al., 2016, p. 78). Estas experiencias confirman que las políticas públicas solo alcanzan resultados duraderos cuando dialogan con las capacidades organizativas de las comunidades.
No obstante, la consolidación de una paz territorial requiere enfrentar las causas estructurales que históricamente han alimentado el conflicto. Entre ellas, la persistente concentración de la tierra continúa siendo uno de los principales desafíos. Como advierte Beltrán (2006), «en el caso colombiano, la ausencia de una reforma agraria real y pluralista ha sido el obstáculo para un desarrollo rural integrado» (p. 50), una afirmación que sigue vigente al observar las profundas desigualdades entre el campo y la ciudad. En esta misma línea, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2022) sostiene que una paz estable y duradera exige reducir las brechas entre las zonas rurales y urbanas y promover un ordenamiento territorial participativo, sostenible y multicultural (p. 707). En consecuencia, comprender la relación histórica entre ambos escenarios no constituye únicamente un ejercicio académico, sino una condición indispensable para diseñar políticas que permitan gestionar los conflictos desde la equidad, fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia una paz que responda a las realidades de todo el territorio colombiano.
Referencias
Fuentes primarias
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Giraldo García. (1965, 19 de agosto). Los tugurios convertidos en el Cuartel General de la ignominia: Diez millones apropiados para erradicar el problema antioqueño. El Tiempo, p. 15.
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Fuentes secundarias
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