Durante la última década, el proceso de insolvencia pasó de ser una figura jurídica prácticamente desconocida a convertirse en uno de los mecanismos de acceso a la justicia más solicitados en Colombia. Ese crecimiento sostenido, año tras año, refleja ante todo una realidad social, miles de colombianos atraviesan dificultades financieras y encuentran en la insolvencia económica una vía legítima, sería y estructurada para reorganizar sus obligaciones. Esto no es casualidad, sino el resultado de una transformación silenciosa en la manera en que los centros de conciliación gestionan estos procesos. Es evidente el uso de la tecnología para brindar mayor rigor institucional y ofrecer respuestas frente a denuncias como la del llamado ”cartel de la insolvencia”.
Como Director Nacional de Sedes de la Fundación Liborio Mejía, me corresponde observar de cerca esta evolución en las 21 sedes a lo largo del país que la Fundación tiene en Colombia. Y lo que veo es un sector que, lejos de estancarse, está madurando: adoptando herramientas digitales, profesionalizando a sus operadores y abriendo espacios de discusión académica que antes no existían. Ese es el propósito de este artículo, explicar, desde la administración misma de estos procesos, cómo salir de deudas en Colombia por la vía legal y hacia dónde avanza el sector.
La tecnología como motor de la eficacia procesal
La Ley 2220 de 2022 y sus desarrollos posteriores, entre ellos la Ley 2445 de 2025 y el Decreto 042 de 2026, ampliaron de forma significativa el acceso de los ciudadanos a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Pero la norma, por sí sola, no resuelve el reto operativo de tramitar miles de solicitudes con la celeridad y el rigor que la ciudadanía merece. Un buen marco legal es condición necesaria, pero no suficiente: si la capacidad operativa de los centros de conciliación no evoluciona al mismo ritmo que la demanda, la norma queda escrita en el papel sin traducirse en justicia efectiva para quien la necesita. Ahí es donde entra la implementación tecnológica y ahí es donde los centros de conciliación estamos llamados a marcar la diferencia.
En las sedes de la Fundación Liborio Mejía trabajamos con plataformas de gestión como LITIVO, que han transformado de manera tangible la operación diaria: la radicación digital de solicitudes, el seguimiento automatizado de términos procesales, la generación de reportes consolidados para las autoridades de inspección, vigilancia y control, y la programación ágil de audiencias han reducido de forma sustancial los tiempos muertos que antes dependían enteramente de la gestión manual de expedientes físicos. La digitalización no solo agiliza el trámite; también deja trazabilidad completa de cada actuación, un elemento indispensable para la transparencia del proceso frente al deudor, frente a los acreedores y frente al propio Ministerio de Justicia y del Derecho.
Antes de la digitalización, un expediente de insolvencia dependía de carpetas físicas que viajaban entre oficinas, de términos procesales controlados manualmente y de la disponibilidad de una sola persona para verificar el estado de cada trámite. Ese modelo, sostenible cuando los volúmenes eran bajos, se vuelve inviable frente al crecimiento que ha tenido la demanda de insolvencia en el país en los últimos años. La gestión digital no es, entonces, un lujo tecnológico ni una moda administrativa: es la única forma realista de sostener un servicio de calidad frente a un volumen de solicitudes que sigue en ascenso, sin sacrificar los tiempos de respuesta ni el rigor en la revisión de cada caso.
Este es, precisamente, uno de los objetivos centrales de los MASC: garantizar que el acceso a la justicia sea no solo posible en el papel, sino efectivo en la práctica. A esto se suma un cambio cultural dentro de los propios centros de conciliación: la exigencia de operadores mejor formados, con conocimiento actualizado de la normativa y capacidad para manejar volúmenes crecientes de procesos sin sacrificar calidad. La tecnología, en ese sentido, no reemplaza el criterio del operador de insolvencia; lo potencia, permitiéndole dedicar su tiempo a lo que verdaderamente requiere juicio profesional: valorar la situación particular de cada deudor, mediar con equilibrio frente a los acreedores y construir fórmulas de pago que sean, al mismo tiempo, justas y cumplibles.
La experiencia acumulada en la operación diaria de veintiuna sedes a nivel nacional también me ha permitido identificar buenas prácticas replicables: protocolos estandarizados de atención al usuario, formatos unificados de verificación documental y sistemas de reporte que permiten a la Dirección Nacional monitorear en tiempo real el estado de los procesos en cada regional. Esa estandarización, sostenida por la tecnología, es la que permite que un deudor en Barranquilla, en Bogotá o en cualquiera de las veintiuna sedes de la Fundación reciba un servicio con los mismos estándares de calidad y celeridad.
Buenas prácticas y el compromiso de los centros de conciliación
Administrar procesos de insolvencia económica de persona natural implica una responsabilidad que va más allá de la simple tramitación de solicitudes. Un centro de conciliación autorizado actúa como garante de que cada actuación se ajuste al Código General del Proceso, a la normativa especial de insolvencia y a los principios que rigen la función conciliadora: imparcialidad, celeridad, gratuidad para quien no puede asumir costos, y buena fe. Ese compromiso se traduce, en el día a día, en protocolos claros de verificación documental, en la capacitación constante de los operadores y en canales de atención que acompañan al deudor durante todo el trámite, desde la solicitud inicial hasta la audiencia de negociación de deudas.
Vale la pena insistir en algo que a veces se pierde de vista en la conversación pública: el objeto de la insolvencia económica es la reorganización de las deudas de quien atraviesa una crisis financiera real, con el fin de que esa persona pueda llegar a un acuerdo de pago con la totalidad de sus acreedores y, a partir de ahí, reintegrarse nuevamente al sistema financiero formal. No se trata de un mecanismo de exoneración de obligaciones ni de un atajo para evadir compromisos, sino de un procedimiento serio, reglado y supervisado, que exige transparencia del deudor y diligencia del operador. Cuando el mecanismo se administra con ese rigor, cumple exactamente la función para la que fue creado: dar una segunda oportunidad económica a quien la necesita, sin perjudicar de manera injustificada a quienes le otorgaron crédito de buena fe.
En los últimos meses, el país ha sido testigo de un intenso debate público alrededor de presuntas irregularidades asociadas al uso indebido de la figura de insolvencia por parte de algunos actores, un fenómeno que ha llegado a mencionarse en medios como el llamado ‘cartel de la insolvencia’. No es el propósito de este artículo profundizar en esas denuncias ni entrar en su detalle particular; basta con decir, con claridad, que ningún mecanismo jurídico está exento de que terceros intenten desnaturalizar su propósito, y que la respuesta correcta frente a ese riesgo no es desconfiar de la figura, sino fortalecer los controles, la verificación documental y la profesionalización de quienes la administramos.
Esa es, precisamente, la apuesta de la Fundación Liborio Mejía: demostrar, con hechos, con cifras y con la trayectoria de miles de procesos correctamente tramitados, que la insolvencia económica bien gestionada es una herramienta de justicia social y de segunda oportunidad, no un instrumento de fraude. La inmensa mayoría de los procesos que administramos corresponden a personas con dificultades financieras producto de la pérdida de empleo, de gastos médicos imprevistos o sobreendeudamiento por causas ajenas a su voluntad, que encuentran en la insolvencia una salida ordenada y transparente, y no un atajo para evadir responsabilidades. Sostener esa realidad, con datos y con institucionalidad, es la mejor respuesta que un centro de conciliación puede dar frente a cualquier señalamiento sobre el sector.
El Congreso de Insolvencia: la nueva era del sector se construye en comunidad
Un ejemplo concreto de ese compromiso institucional fue el XII Congreso de Insolvencia de Persona Natural y Resolución de Conflictos, realizado por la Fundación Liborio Mejía. El evento reunió a cerca de 400 asistentes entre estudiantes, abogados, conciliadores, operadores de insolvencia y profesionales de disciplinas afines, en dos jornadas de actualización académica y discusión especializada sobre el presente y el futuro del régimen de insolvencia en Colombia.
El Congreso contó con un panel de expertos de alto nivel, nacional e internacional, con la participación de conferencistas de Colombia, España, República Checa e Italia. Entre los ponentes estuvo Francisco Reyes Villamizar, quien fue en dos ocasiones Superintendente de Sociedades de Colombia y presidió la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), además de César Ucrós Barrós, autor del proyecto que dio origen a la Ley 2445 de 2025, norma que reformó de manera integral el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante.
Las temáticas abordadas fueron amplias y reflejan la complejidad creciente de la materia: actualización normativa, liquidación patrimonial y protección de bienes del deudor, debido proceso, el papel de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y de los centros de conciliación, políticas públicas para el fortalecimiento del modelo colombiano de insolvencia, la dimensión constitucional de la figura, gestión emocional y neurociencia aplicadas al ciclo de la insolvencia e insolvencia con enfoque de género, entre otras. Espacios como este son necesarios porque permiten a quienes administramos estos procesos actualizarnos, contrastar posturas con expertos de primer nivel y anticipar hacia dónde se dirige el sector, en lugar de reaccionar únicamente ante los retos que se van presentando.
Para la Fundación Liborio Mejía, organizar un evento de esta magnitud no es un ejercicio protocolario, sino una manifestación concreta de su compromiso institucional con la actualización del sector. La posibilidad de que estudiantes universitarios, operadores en ejercicio y profesionales de otras disciplinas compartan escenario con juristas de la talla de un exsuperintendente de Sociedades o del autor de la reforma legal vigente en la materia tiene un valor formativo que trasciende el evento mismo: siembra en la nueva generación de profesionales una comprensión más completa, técnica y rigurosa de lo que significa administrar procesos de insolvencia con responsabilidad.
Temas pendientes en la conversación sobre insolvencia económica en Colombia
Más allá de lo ya mencionado, hay otras discusiones que, a mi juicio, merecerían espacio en la conversación pública sobre la insolvencia económica en Colombia en los próximos meses. Vale la pena mencionar, entre otras, la necesidad de fortalecer la educación financiera preventiva, de manera que la insolvencia se entienda como un mecanismo de último recurso y no como una alternativa de planeación financiera; el papel creciente de la inteligencia artificial en el análisis documental y la detección temprana de inconsistencias dentro de los propios centros de conciliación; la articulación entre los centros de conciliación y las entidades financieras para construir acuerdos de pago más sostenibles; el impacto diferencial de la insolvencia en poblaciones vulnerables, incluido el enfoque de género que se discutió en el Congreso; y la importancia de la formación continua de los operadores de insolvencia como garantía de calidad del servicio.
Cada uno de estos temas da para un artículo propio, y esperamos, desde la Fundación Liborio Mejía, seguir generando contenido en nuestro blog que aporte a esa conversación. Si quiere profundizar mientras tanto, puede leer nuestra guía “Todo lo que necesita saber sobre la insolvencia, en un solo lugar” o entender primero qué es un centro de conciliación y cómo funciona.
El objetivo de los MASC
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC existen porque el sistema judicial ordinario, por su propia estructura y volumen de trabajo, no siempre puede ofrecer respuestas oportunas a conflictos que, aunque jurídicamente complejos, requieren soluciones ágiles y cercanas al ciudadano. La conciliación, el arbitraje y la insolvencia de persona natural comparten ese propósito: descongestionar la justicia ordinaria y, al mismo tiempo, ofrecer una vía más rápida, más económica y más humana para resolver conflictos que afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Para una persona que atraviesa dificultades financieras, la diferencia entre esperar meses por una audiencia y acceder a un proceso ágil y bien administrado no es un simple tecnicismo procesal: es la diferencia entre seguir acumulando intereses, embargos y afectaciones a su historial crediticio, o encontrar, en un plazo razonable, un camino de salida ordenado. Ese es el estándar que los centros de conciliación autorizados debemos perseguir de manera constante, y ese es el estándar frente al cual la tecnología y la buena administración cobran su verdadero sentido: no se trata solo de hacer más eficiente el trámite, sino de honrar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
El reto que sigue: rigor y tecnología en la misma dirección
El futuro de la insolvencia económica no está en elegir entre agilidad y control: está en que ambos avancen de la mano. Un proceso más rápido no debe significar un proceso menos riguroso, y un proceso más riguroso no tiene por qué ser más lento. La tecnología bien empleada y la gestión administrativa bien ejecutada permiten exactamente eso: sostener al mismo tiempo la eficacia del acceso a la justicia y la integridad del mecanismo que la hace posible. Ese es el compromiso que, desde las veintiuna sedes de la Fundación Liborio Mejía a lo largo del país, seguiremos impulsando: procesos ágiles, bien administrados, rigurosos y, sobre todo, al servicio de quienes más lo necesitan.
¿Está buscando cómo salir de deudas en Colombia y no sabe por dónde empezar? Contáctenos y un equipo de la Fundación Liborio Mejía lo orientará sin costo inicial.
Óscar Carrillo
Director Nacional de Sedes
Fundación Liborio Mejía