De acuerdo a lo informado por el diario El Tiempo, las entidades financieras, solo en los primeros cuatro meses del año, han entregado, a través de los distintos segmentos de cartera, 170.6 billones de pesos, es decir, 29.3% más que en igual periodo del año pasado. Lo anterior significa que los colombianos se endeudaron 38.7% más.
Según el índice de confianza, la percepción, la situación económica y el momento de adquirir una obligación financiera, particularmente en el banco Davivienda, publicado por Portafolio, el porcentaje de personas que piensan que es buen momento para endeudarse disminuyó de manera ostensible en marzo de 2022 frente a febrero del mismo año. El 16,7% de los encuestados respondió en forma favorable a esta pregunta, mientras que en febrero este porcentaje había sido de 23,6%. La proporción alcanzada en marzo es, sin embargo, levemente más alta que el promedio histórico del indicador que se encuentra en 15.8%.
Así las cosas, el panorama de personas morosas en el país no es el mejor. La crisis generada por la pandemia, el desempleo, la falta de oportunidades y la incertidumbre por el nuevo gobierno no es un signo alentador para que los colombianos continúen endeudados. Sin embargo, las personas agobiadas por las deudas tienen la alternativa de acogerse a mecanismos de resolución de conflictos como la Insolvencia de Persona Natural no Comerciante.
La Insolvencia es el reconocimiento legal e institucional que se le confiere a una persona natural no comerciante, que ha incurrido en mora y ha sufrido un revés económico, de reajustar con sus acreedores un plan de pago favorable, dado que su situación financiera presente le impide cumplir a cabalidad con sus obligaciones crediticias y de esta manera impedir que se adelanten procesos ejecutivos en su contra, que pongan su patrimonio en mayor detrimento.
Dada la importancia del proceso de insolvencia para personas naturales no comerciantes y el alivio que significa para quienes se acogen a estos beneficios, la Fundación Liborio Mejía se consolida como la pionera en todo el país ayudando para que, más personas, puedan salir de esos momentos críticos y, con este propósito, da a conocer la figura a través de los diplomados avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, conferencias, charlas y los congresos, como el de este año que ya alcanza la octava versión.
En el 2022, en San Andrés Islas, el país invitado es Bolivia y, según Oscar Marín Martínez, Fundador y Presidente de la Fundación Liborio Mejía, “el Congreso de Insolvencia será una buena oportunidad para que todo el continente conozca la experiencia colombiana que tanto le ha servido a las personas con problemas financieros que, a la final, solo necesitan un mecanismo de apoyo para salvar su trabajo, sus bienes y, hasta su propia vida”. Recuerda el Fundador de FLM que en los congresos pasados ya fueron invitados Chile, Argentina, Brasil, México, España, Estados Unidos y, que en este orden seguirá la comunicación sobre el proceso en Colombia.
En el VIII Congreso en San Andrés Islas, un ponente planteará el problema que se va a discutir en las mesas de trabajo y, al final de la discusión, con los relatores hará la declaración de las conclusiones.
Los temas que se trabajarán en el evento corresponden, de manera especial, a las grandes discusiones que se vienen dando en el ejercicio real, como los siguientes:
- El desistimiento tácito del proceso de insolvencia declarado por parte de los jueces.
- Rechazo de la liquidación patrimonial por falta de bienes del deudor.
- Responsabilidad del control de legalidad en los procesos de insolvencia. Calidad de persona natural no comerciante y domicilio. Controversia u objeción
- La responsabilidad del notario en el proceso de insolvencia.
- Tratamiento de los leasing en el proceso de insolvencia. Discriminación del capital, los intereses, seguros y gastos financieros
- Las cesantías como abono a capital en el proceso de insolvencia y consideraciones sobre el abandono del crédito por parte del acreedor en el proceso de insolvencia.
- Ley de garantías mobiliarias en el proceso de insolvencia de persona natural no comoerciante.